Estados Unidos – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente la Ley Bolívar. Una legislación bipartidista que prohíbe a las empresas con operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro celebrar contratos con el gobierno de EE. UU. Esta iniciativa, impulsada por los congresistas Mike Waltz (republicano) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata), busca reforzar las sanciones existentes contra el gobierno venezolano.
Según Waltz, el objetivo de la ley es enviar un mensaje claro a Maduro y a otros líderes autoritarios. “No habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales”, declaró el legislador. Quien subrayó la gravedad de la crisis en Venezuela bajo el gobierno de Maduro y su “cártel de Caracas”.
Compromiso bipartidista y presión internacional
Wasserman Schultz también expresó su apoyo a la ley, destacando que su lucha por imponer sanciones más severas contra el régimen venezolano ha sido constante. “Mi trabajo no está completo hasta que Estados Unidos elimine los intereses corporativos que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro”, afirmó la congresista, quien ha sido una defensora activa de los derechos humanos en Venezuela.
El representante Mario Díaz-Balart, por su parte, se sumó a la iniciativa en redes sociales, señalando que los dólares estadounidenses no deben financiar al régimen de Maduro ni a sus aliados internacionales, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Además, recordó la violenta represión que ha sufrido la oposición democrática en Venezuela, incluyendo la detención y el abuso de menores.
Ampliación de las sanciones
La Ley Bolívar complementa la sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que ya prohibía al Pentágono celebrar contratos con empresas vinculadas al gobierno venezolano. Sin embargo, la nueva legislación expande la prohibición a todos los contratistas del gobierno de EE. UU., cerrando vacíos legales y limitando aún más las posibilidades de financiamiento para el régimen de Maduro.
El Senado ahora deberá discutir el proyecto, y sus impulsores esperan que sea aprobado rápidamente para enviarlo al presidente y convertirlo en ley. La medida representa un paso más en la presión internacional contra el régimen venezolano y en el apoyo al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia.
Fuente: NTN24
