Contraloría alerta sobre riesgo de corte de energía para 10 millones de colombianos

La Contraloría General de Colombia advirtió que 10 millones de personas podrían quedarse sin energía eléctrica debido al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras. El contralor Carlos Hernán Rodríguez instó al Gobierno a tomar medidas urgentes para evitar una crisis que afectaría gravemente a varias regiones del país.

por | Sep 2, 2024

Colombia – El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una grave advertencia al iniciar la semana: 10 millones de personas en Colombia podrían quedarse sin energía eléctrica. La Contraloría, a través de su vigilancia fiscal. Detectó un preocupante retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras de este servicio por parte del Ministerio de Minas. Según el órgano de control, el Ministerio de Hacienda ya asignó los fondos. Pero la demora en los pagos amenaza con afectar principalmente a los ciudadanos de la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).

Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno nacional. En particular a las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio, para que tomen medidas inmediatas. “Es fundamental prevenir la interrupción del servicio público de energía eléctrica en las comunidades afectadas y evitar un riesgo sistémico a nivel nacional”, subrayó el contralor.

La Contraloría también señaló la falta de acción del Gobierno en el reembolso a los prestadores de servicios por los recursos no recaudados durante la pandemia debido a la “opción tarifaria”, que congeló las tarifas para aliviar el gasto de los hogares. La situación es especialmente crítica para las empresas de la Costa Caribe, que enfrentan serias limitaciones.

El corte de energía podría tener graves consecuencias, afectando no solo el suministro eléctrico, sino también servicios esenciales como salud, educación, comercio y acueductos. La Contraloría y la Procuraduría han emitido circulares advirtiendo sobre la gravedad de la falta de recursos presupuestales suficientes para garantizar estos servicios públicos domiciliarios.

Fuente: El Espectador

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